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Posted by on Jul 25, 2017 in Destacados | 0 comments

LEY DE AGROQUIMICOS EN SALTA: Una deuda pendiente

LEY DE AGROQUIMICOS EN SALTA: Una deuda pendiente

En el año 2013 la legislatura salteña sancionó la Ley Nº 7.812 de protección de la salud humana, más conocida como “Ley de Agroquímicos”. La misma tiene como objetivo “proteger la salud humana, regulando las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos a través de la regulación, la fiscalización, la educación y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura”. Sin embargo, en los restantes artículos de la ley no se vuelven a mencionar las buenas prácticas ni se proponen acciones para su implementación. Por lo tanto, en la realidad, se aprobó una ley que no responde a sus objetivos y que resulta de difícil aplicación.

Cuando se discutía este proyecto en la legislatura, desde diversas entidades agropecuarias de la provincia tales como Prograno, Sociedad Rural Salteña y Federsal, como así también desde CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) propusimos modificaciones a diversos artículos que considerábamos incorrectos, especialmente por tratarse de un proyecto que copiaba casi en su totalidad a la ley de agroquímicos de Neuquén, lo que dificultaba su aplicación efectiva en nuestra provincia.

Los puntos observados y que lamentablemente no fueron considerados por los diputados, se refieren a las facultades que se le otorgan a la autoridad de aplicación para prohibir el uso de productos aprobados por SENASA; el exceso de burocracia; las distancias de exclusión respecto zonas periurbanas; la consideración de residuos peligrosos de los envases de productos fitosanitarios aunque éstos cuenten con triple lavado y el establecer la capacidad económica del infractor como un factor para la aplicación de sanciones, entre otros.

Todo lo anterior provocó que la ley resulte inaplicable ya que el gobierno no cuenta con los mecanismos y recursos para brindar los servicios (por ej. Calibradores de picos de fumigadoras) y ejercer un control eficiente de todas las obligaciones que la ley le impone.

Desde las entidades agropecuarias se está trabajando en un proyecto de modificación de la ley a fin de presentárselo a la Secretaria de Asuntos Agrarios con el objetivo de que sea considerado en el la legislatura. “Vemos que no hay aplicación ni un organismo de control, por lo que entendemos que hay que revisarla para ponerla en vigencia, siendo algo lógico y aplicable por sobre todas las cosas” expresa Matías Uriburu, miembro de Prograno quien actualmente trabaja en el tema.

La propuesta involucra a la Cámara del Tabaco, Cooperativa de Tabaco, Cámara de la Producción y Entidades de nuestro sector e incluye varios aspectos que no sólo prevén el bienestar y protección a la salud humana sino también el eficiente desempeño de los profesionales que se verían involucrados.

Entre los puntos a incorporar se destaca la necesaria participación del municipio en los centro de acopios transitorios que no cuentan con control de residuos y la obligatoriedad de un seguro por daños, como medida eficiente que ayudará a llevar adelante el control, pues el seguro así lo exigirá para prestar cobertura. Allí deberá informarse y declarar día de aplicación y a su vez informar los registros, los depósitos y la disposición final de envases. Sería importante que la Autoridad de Aplicación posea la estructura y los recursos necesarios para ejercer el poder de policía de acuerdo a su ámbito de actuación

Por otro lado, en los artículos 26, 27 y 28, donde se consideran los retiros y distancias de aplicación, las cifras son muy superiores a los estudios realizados por el Ministerio de Agroindustria bajo el criterio de buenas prácticas agrícolas. También sostienen que “la responsabilidad por mal uso y daños a terceros debe estar prevista con mayor claridad. Es muy amplia la normativa propuesta y de poca aplicación. De la mano de ello, debe preverse el procedimiento aplicable para determinar el daño mediante un comité asesor y evaluador.”

Finalmente uno de los puntos que mayor polémica produjo fue la responsabilidad impartida al Ingeniero Agrónomo quien debiera impartir su firma previa aplicación de los productos. A esto Uriburu añadió que “Resulta injusto responsabilizar a un ing. agrónomo en la firma y recomendación sobre programar, ejecutar, evaluar, la aplicación y demás certificaciones cuando ello ya fue determinado de manera previa por Senasa. En resumen tiene demasiada amplitud y no se sabe en el reglamentación como quedará resuelto”.

Es evidente que el tratamiento y aprobación de la ley de agroquímicos se realizó sin un análisis previo y en profundidad que acabó por olvidar su objetivo principal, el medioambiente, la salud de los ciudadanos y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Los productores expresaron la importancia de dicha ley, pero también la necesidad de ser abordada por las personas idóneas que sepan interpretar las normativas para que sea sostenible en el tiempo.

 

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